A lo largo del mandato de Kirchner el llamado "efecto K" continuó produciendo notables cambios en la sociedad argentina y en sus instituciones. En el terreno de los derechos humanos, la voluntad del gobierno de adoptarlos como una prioridad marcó un punto de inflexión en la política llevada adelante desde el retorno de la democracia en 1983 y significó un paso decisivo en la lucha contra la impunidad. Además de la puesta en marcha de una profunda purga en las Fuerzas Armadas, la policía y los servicios de inteligencia implicados en las violaciones de los derechos humanos durante la dictadura militar, el gobierno acometió la renovación de la Corte Suprema de Justicia, duramente criticada durante el mandato de Carlos Menem por su sumisión frente al Ejecutivo. La medida, que fue aplaudida a nivel internacional como un paso positivo hacia la independencia del Poder Judicial, supuso la remoción de los miembros acusados de conformar una "mayoría automática" que siempre fallaba a favor del gobierno. Con la incorporación de mujeres, abogados garantistas y de centro-izquierda, se buscó equilibrar ideológicamente y por sexos la composición del organismo.
En junio de 2005, la nueva Corte declaró inconstitucionales las leyes de Punto Final y Obediencia Debida, aprobadas en 1986 y 1987. Su anulación permitió que se reactivaran las causas judiciales que involucran a centenares de militares, abriendo así la vía para juzgar los crímenes cometidos durante la dictadura. En 2006 se dictó la primera sentencia tras la derogación de estas leyes, que condenó a 25 años de prisión al represor Julio Simón por delitos de lesa humanidad. La decisión del gobierno de ceder el predio de la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA), el principal centro de detención ilegal de la dictadura, para construir un Museo de la Memoria, fue aplaudida por la opinión pública.
La investigación de las violaciones a los derechos humanos durante el régimen militar siguió adelante, concretándose en la detención y condena de numerosos responsables. Pese al compromiso asumido por el gobierno de Kirchner, los fantasmas de la dictadura parecieron resurgir y la confianza de la ciudadanía sufrió un duro revés el 18 de septiembre de 2006, a raíz de la desaparición de Jorge Julio López, de quien no se halló rastro. Este trabajador de la construcción había testificado contra Miguel Etchecolatz, un alto mando de las fuerzas de seguridad cuando el país estaba bajo el gobierno militar, que había sido condenado a cadena perpetua. El 27 de diciembre del mismo año sufrió un destino similar Luis Gerez, tras testificar contra un ex policía acusado de crímenes de lesa humanidad. Afortunadamente, Gerez apareció vivo dos días después, pero con señales de haber sido torturado. El presidente Kirchner acusó del secuestro a elementos paramilitares y parapoliciales deseosos de amedrentar a la población.
Si bien hacia 2005 la prensa y la oposición destacaron algunos factores que empañaban la espectacular recuperación económica del país, como la conflictividad laboral, las tarifas de los servicios públicos o la inflación, estos problemas no fueron obstáculo para que la ciudadanía diera el apoyo a Kirchner en las elecciones legislativas celebradas en octubre de ese año, a fin de renovar la mitad de la Cámara de Diputados y un tercio del Senado. Planteados como un plebiscito en apoyo de la política gubernamental, los comicios constituyeron un claro aval a la gestión del presidente. Ya fuera solo o en alianza, el Frente para la Victoria obtuvo el 40 por ciento de los votos y consiguió sólidos triunfos en 16 de las 24 provincias. En la provincia de Buenos Aires, Cristina Fernández de Kirchner, esposa del presidente y primera candidata al Senado, obtuvo el 46 por ciento de los sufragios, sacando 26 puntos de ventaja sobre su rival, la también peronista Hilda Duhalde.
La recuperación económica
Kirchner estableció un frente común con Brasil para reflotar el Mercosur y renegoció el pago de la deuda externa con el FMI y otros organismos financieros internacionales en términos hasta entonces inéditos, logrando que, en febrero de 2004, en la XII Cumbre del G-15 celebrada en Venezuela, se reconociese la tesis de que la deuda internacional era impagable sin desarrollo. De acuerdo con esta línea de pensamiento, defendió, con el apoyo del Brasil del presidente Lula da Silva, la necesidad de una política continental común para tratar con la Unión Europea y Estados Unidos, oponiéndose a los intentos estadounidenses de imponer su propio mercado continental. El rechazo a la política comercial proteccionista de Estados Unidos y al ALCA se escenificó en la V Conferencia ministerial de la OMC, celebrada en Cancún (México) en septiembre de 2003, y en la IV Cumbre de las Américas, que tuvo lugar en noviembre de 2005, en Mar del Plata.
Después de sacar al país de la cesación de pagos considerada la más grande de la historia económica mundial, uno de los mayores éxitos del gobierno fue la renegociación de la deuda externa con el FMI y otros organismos financieros, al realizarse en términos hasta entonces inéditos. La deuda con los acreedores privados ascendía a 81.800 millones de dólares, de los cuales, entre enero y febrero de 2005, se canjearon 62.200 millones, o sea el 76 por ciento del total de la deuda, con una quita de 27.700 millones sobre el valor nominal de la misma. Se trataba del mayor procedimiento de canje y con la más alta quita a los acreedores de la historia económica. El artífice de la exitosa operación fue el ministro de Economía, Roberto Lavagna, designado durante el gobierno de Eduardo Duhalde y confirmado en el cargo por Kirchner. No obstante, las crecientes discrepancias entre ambos culminaron en noviembre de 2005 con el desplazamiento de Lavagna y su reemplazo por Felisa Miceli, lo que no cambió las líneas de la política económica. En enero de 2006 el gobierno argentino pagó por anticipado el total de la deuda con el FMI, que ascendía a 9.530 millones de dólares, recurriendo a las reservas del Banco Central, que en ese momento sumaban más de 28.800 millones. La medida, destinada a ganar independencia política, fue duramente criticada por la oposición, pero un año después las reservas se habían recuperado e incluso superado.
El nuevo rumbo económico que había tomado el país al salir de la crisis se afianzó en los cuatro años de gobierno de Kirchner. Los logros de la política económica se tradujeron por un lado en un superávit comercial récord, gracias a las exportaciones que llegaron a su máximo histórico, y por otro, en una relativa mejora de los indicadores sociales. Después de la espectacular caída del PIB en 2002 de casi el 11 por ciento, en 2003 se experimentó una notable recuperación que alcanzó el 8,8 por ciento, debido sobre todo al crecimiento del consumo privado y de las exportaciones. Esta tendencia se consolidó en los años sucesivos.
Esta etapa de expansión se centró en el papel dinamizador de las exportaciones. Argentina volvió a exportar con ímpetu al exterior, especialmente a Brasil, México, Chile, Venezuela, Europa y China. En 2007 las exportaciones alcanzaban su tope histórico, al ascender a 55.301 millones de dólares, un 18 por ciento más que en 2006, y la balanza comercial acumulaba un saldo positivo de 11.400 millones de dólares, lo que representaba la duplicación de las ventas externas durante los años de gobierno de Kirchner. Aunque el núcleo de las exportaciones continúa integrado por los productos agropecuarios y agroindustriales, se fueron incrementando de forma relevante el papel de los bienes manufacturados, y, como elementos novedosos, del turismo receptivo y, en menor medida pero apuntando una tendencia interesante, de los servicios y productos informáticos y los profesionales y técnicos.
Los pilares de la recuperación económica fueron primordialmente el agro, la industria, la construcción y el sector financiero, alza que se vio acompañada por el empuje en la inversión privada. La reactivación impulsó a su vez la recuperación del mercado laboral: el número de trabajadores contratados aumentó especialmente en la actividad motora del crecimiento, la construcción, seguida por la industria metalúrgica, los hoteles y los servicios inmobiliarios. Si en mayo de 2002 la desocupación alcanzaba al 21,5 por ciento de la población económica activa, su máximo histórico, a partir del año 2003 comenzó a registrarse un ritmo de descenso importante. En 2007 el índice de desempleo había descendido al 8,7 por ciento.
Tras hacer pública su decisión de no postularse a la reelección presidencial, Néstor Kirchner cedió su plaza de candidato a su esposa, Cristina Fernández de Kirchner, quien ganó los comicios presidenciales de octubre de 2007 y se convirtió así en la primera presidenta electa de la Argentina. Entretanto, Kirchner intensificó su actividad en el seno del Partido Justicialista. En las elecciones legislativas celebradas el 28 de junio de 2009, Kirchner se presentó como primer candidato de la lista Frente Justicialista por la Victoria a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires. Al conocerse la derrota sufrida por la formación, que sólo logró el 32,1 % de los votos, renunció a la presidencia del Partido Justicialista, cargo que reasumió el 10 de marzo de 2010, un mes después de ser operado por una afección en la arteria carótida. Kirchner, que no había descartado volver a presentarse como candidato a la presidencia de Argentina en los comicios de 2011, fue designado secretario general de la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR) el 4 de mayo de 2010, pocos meses antes de su fallecimiento.
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Muy buena investigación!
ResponderEliminarAbrazo!